Este fin de semana se inició el esperado y muy publicitado juicio contra el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-210), primer ex mandatario en la historia del país que es procesado en los tribunales. Uribe, acusado también de genocidio, enfrenta una condena probable de 12 años de cárcel por soborno y manipulación de testigos.
Uribe se convirtió en la primera persona en ocupar la presidencia que es procesada por los tribunales. Hace casi cuatro años, ya se había hecho acreedor al dudoso título de primer ex mandatario colombiano al que se le dictó arresto domiciliario. Paradójicamente, lo que lo colocó en el banquillo no fueron los crímenes de lesa humanidad de los que se le acusa, sino un intento de venganza contra el senador Iván Cepeda.
Uribe, con el apoyo de la prensa hegemónica, intentó que Cepeda, duro acusador, fuera enjuiciado por el supuesto delito de manipulación de testigos, pero en el transcurso de las indagatorias salió a la luz que quien más probablemente cometió ese ilícito fue el máximo dirigente de la ultraderecha colombiana. Uribe fue víctima de su propio invento, al intentar que se abriera una investigación penal contra Cepeda por, supuestamente, inducir a algunos ciudadanos presos para que declararan contra el expresidente, terminó procesado por este mismo delito, en lo que muchos juristas califican como efecto bumerán
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Sandra Heredia, jueza 44 del circuito de esta capital, declaró el comienzo del proceso penal en medio de un gran despliegue mediático y de extrema atención de la sociedad colombiana, que siguió a lo largo del día las exposiciones de la fiscalía y la defensa del ex mandatario, acusado de manipular testigos y cometer fraude procesal.
El fiscal encargado del caso, Gilberto Villarreal, logró que se incluyera también el delito de soborno a testigos, mientras la defensa de Uribe, a cargo del polémico abogado Jaime Granados, solicitó en vano que se declarara la nulidad de todo lo actuado, alegando que ha habido violación al debido proceso y al derecho a la defensa. Villarreal rechazó la solicitud de nulidad del abogado Jaime Granados, defensor del expresidente, quien alegó que no hay claridad en la formulación de imputación y que en realidad se desconoce de qué se está defendiendo a Uribe.
Asimismo cuestionó su papel como defensor en vista de las posibles dudas que pudo haber tenido en le proceso. “Ninguna solicitud hizo en ese sentido, de que no estaban claros los hechos, de que no sabía de qué se estaba defendiendo el doctor Uribe Vélez, y entonces si no se le estaba preguntando, haciéndole interrogatorio sobre hechos jurídicamente relevantes con colocaciones penales, ¿qué estaba haciendo el defensor allí? La ley lo faculta para objetar preguntas que no se vieren a la posibilidad o al ejercicio del derecho de defensa”, alegó.
Villarreal indicó que la acusación que se hizo contra el expresidente Álvaro Uribe sí fueron claras, concretas y sucintas y que, por ende, “las tales causales de nulidad no existen frente al caso”. Teniendo en cuenta eso, desde la perspectiva del fiscal, la solicitud del abogado defensor es dilatoria.
Desesperado, Uribe en una publicación a través de su cuenta de X con fecha del sábado 11 de mayo, acusó al actual mandatario, Gustavo Petro, de dividir al país y alentar la violencia, instando a la ciudadanía a unirse en contra de lo que describe como un desafío a la Constitución Política, con fines de provocar un conflicto interno. “El presidente de la República en lugar de reorientar a los jóvenes… los instiga más a la violencia,” afirmó. Petro manipula narrativas sensibles como los falsos positivos para criticar su permanencia en el ámbito político, señaló Uribe. Y argumentó que su presencia política sirvióo, paradójicamente, de apoyo a la elección de Petro por basarse en el antiuribismo.
Democratización de la justicia
Cepeda, senador del Pacto Histórico, coalición que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022, señaló que este episodio debe ser motivo de celebración, pues “significa un avance de la democratización de la justicia y de la sociedad colombiana”, subrayando que era la primera vez que un ex presidente de la república debe presentarse ante los tribunales en condición de acusado.
Cepeda y Uribe se ubican en las antípodas de la política colombiana. Cepeda fue y es impulsor decidido de la paz y un reconocido defensor de los derechos humanos, mientras que Uribe construyó su carrera lucrando con la guerra, la cual azuzó a fin de cohesionar a su base electoral y crear un clima de miedo en el que la democracia y el diálogo eran vistos como signos de debilidad, de la mano de los intereses estadounidenses, convirtiéndose en aliado de las políticas militares de Washington.
Uribe explotó el añejo conflicto interno con el propósito de desacreditar al conjunto de la izquierda y aniquilar (incluso físicamente) toda resistencia a los abusos de grandes terratenientes, empresas mineras y otras corporaciones cuya riqueza se basa en el expolio de recursos naturales y el despojo a los pueblos indígenas y campesinos. Uribe instituyó premios en metálico y en especie para los militares que presentasen cadáveres de guerrilleros.
Además de ser en sí misma una violación flagrante de los derechos humanos y una degradación de las Fuerzas Armadas, dicha política abrió paso al horror de los “falsos positivos”: con tal de cobrar los macabros estímulos, la tropa asesinaba a campesinos indefensos, los disfrazaba para hacerlos pasar como integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los presentaba ante sus superiores… y la prensa hegemónica.
Nueva fiscal, viejos casos
El caso de Uribe alumbra las razones por las que la Suprema Corte de Justicia, afín a las derechas, retrasó hasta donde le fue posible el nombramiento de Luz Adriana Camargo al frente de la Fiscalía General de la Nación, instancia que había obstruido sistemáticamente la justicia a favor del ex mandatario. La llegada de la nueva fiscal representa la esperanza de poner fin a la impunidad y los pactos mafiosos construidos por el conservadurismo que gobernó a Colombia hasta hace dos años.
Camargo ha sido distinguida por su lucha contra la corrupción y la parapolítica, la simbiosis entre la ultraderecha institucional y los escuadrones de la muerte contrainsurgentes financiados por empresarios y terratenientes, mucho tiempo tolerados e incluso protegidos por el Estado, sobre todo en la Presidencia de Uribe.
El inicio del proceso se remonta a 2012. Uribe denunció entonces a Cepeda por intentar vincularlo a la creación de un grupo paramilitar buscando testimonios en las cárceles, pero en 2018 la Corte cerró el caso contra Cepeda y decidió abrir una investigación contra el expresidente para determinar si en realidad él había intentado manipular a testigos para que vincularan al senador.
Durante la gestión del exfiscal general Francisco Barbosa, varios fiscales pidieron el cierre del proceso a favor de Uribe por falta de pruebas, así como también lo hizo la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, en dos ocasiones los jueces se han negado al cierre del proceso.
Uribe condensa los peores vicios de la derecha latinoamericana: mano dura contra movimientos sociales, sumisión servil ante Washington, obsesión privatizadora, complicidad con o directa pertenencia a oligarquías sanguinarias, desprecio por la suerte y la vida de los pobres, populismo punitivo, uso efectista de la violencia de Estado y concepción de la política como oportunidad de negocios.
Yo también creo en Uribe, creo que él es el responsable de los miles de asesinatos judiciales con su política de seguridad democrática.
Yo creo que: #UribeParacoHpta pic.twitter.com/cLufibHlu7— J Ernesto 🇵🇸 (@Jeperezv) May 17, 2023
En agosto de 2020 los altos magistrados ordenaron el arresto domiciliario del exmandatario, argumentando que en libertad podría entorpecer la investigación. Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión y reinició todo el proceso. En noviembre de 2023, Uribe testificó ante la Fiscalía en una investigación por el supuesto conocimiento anticipado de una masacre y el asesinato de un defensor de derechos humanos, a raíz del testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
También fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de seis mil ejecucionees y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, durante su gobierno, un caso conocido como «falsos positivos». La justicia de ese país aun no se ha pronunciado sobre el caso.
Durante su mandato, Uribe gozó de una inmensa popularidad gestionada por los medios hegemónicos colombianos e internacionales, por la política de mano dura con la que su gobierno debilitó las guerrillas. Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por las acusaciones de genocidio, los múltiples escándalos y procesos judiciales en los últimos años.
Por ello, la importancia de que Uribe finalmente rinda cuentas por una parte de las atrocidades que cometió o solapó trasciende a su persona y constituye una ocasión inapreciable para que la sociedad colombiana cierre un capítulo de su historia marcado por la cerrazón a procesar en términos democráticos las grandes desigualdades que la agobian.
En un extenso alegato ante un enjambre de micrófonos y cámaras de los medios de comunicación, Uribe, de casi 72 años, dijo que “Jamás he engañado a la justicia y mi vida pública no conoce la mentira”, aseguró Uribe antes del inicio del juicio en su contra. Abogados especialistas consideran que el proceso judicial contra Uribe ha sido meticuloso y cuenta con un abundante arsenal probatorio, basado principalmente en testimonios.
De ser hallado culpable, el expresidente podría ser condenado hasta a doce años de privación de la libertad, pena contemplada por los códigos para los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en un proceso penal.