La inclusión en el listado estadounidense en enero de 2021 fue una de las últimas decisiones que tomó la Administración de Donald Trump.
Estados Unidos confirmó el pasado jueves 16 de mayo que mantiene a Cuba en la injusta e infame lista de Estados patrocinadores del terrorismo a pesar de que un día antes, el miércoles 15, admitió que coopera con la Isla en algunas actividades para combatir este flagelo.
“Se puede cooperar en la lucha contra el terrorismo, pero todavía creemos que hay acciones que se están emprendiendo que apoyan las actividades terroristas”, expresó cínicamente el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, en una rueda de prensa.
Patel no quiso responder a la pregunta sobre qué acciones específicas debe tomar Cuba para ser retirada de la caprichosa “lista negra”, a la que fue incluido en 2021 y que comporta una serie de sanciones económicas para la isla.
Washington y La Habana reanudaron la cooperación policial en 2023, incluso en materia contra el terrorismo, de manera que el Departamento de Estado determinó que continuar con la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente “ya no es apropiado”.
Por su parte, el Gobierno de Cuba ante el primer anuncio de Washington en el sentido de que sacaría al país antillano de esa ignominiosa lista, confeccionada a su acomodo y a sus intereses imperiales consideró que una decisión al respecto es insuficiente.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó en la red social X que “EE.UU. acaba de admitir lo que es conocido por todos: que Cuba colabora plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo”, en referencia al paso del Departamento de Estado.
Al mismo tiempo, Rodríguez insistió en demandar que el Gobierno estadounidense saque a Cuba de “la lista arbitraria con que designa a países que supuestamente patrocinan el terrorismo” y deje “de aplicar las medidas económicas coercitivas que acompañan esa injusta designación”.
“Debería cesar toda manipulación política del tema y poner fin a nuestra arbitraria e injusta inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo”.
El injerencista Departamento de Estado explicó que “las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas (NFCC, en inglés) han cambiado de 2022 a 2023”.
Por lo tanto, el Departamento no certificó a Cuba como “país que no coopera plenamente” para el año calendario 2023 según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas”.
El Gobierno estadounidense recordó que la negativa de Cuba a colaborar con Colombia en las solicitudes de extradición de miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) propició la certificación NFCC de Cuba en 2022.
Sin embargo, añadió, en agosto de 2022 y de conformidad con una orden del presidente colombiano, Gustavo Petro, la Fiscalía General de Colombia suspendió las órdenes de arresto contra 17 comandantes del ELN, incluidos aquellos que había solicitado a Cuba extraditar.
Por su parte, el presidente Petro saludó a través de su cuenta en la red social X el supuesto anuncio, según agencias de prensa, del Gobierno de Joe Biden de sacar de esa lista arbitraria a Cuba, así como la Cancillería Colombiana expidió una declaración al respecto.
Además, el Departamento de Estado subrayó que Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación policial en 2023, incluso en materia de lucha contra el terrorismo. “Por lo tanto, el Departamento determinó que continuar con la certificación de Cuba como ‘país que no coopera plenamente’ ya no era apropiado”.
Para designar a un país como patrocinador del terrorismo, la legislación estadounidense exige al Secretario de Estado que determine que el Gobierno de determinada nación ha brindado apoyo repetidamente a grupos terroristas.
Cuba había formado parte de la lista desde 1982 pero salió en 2015, durante la etapa de acercamiento del entonces presidente estadounidense Barack Obama (2009-2017) que posteriormente frenó Trump.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha exigido en reiteradas ocasiones a Washington que saque a su país de la lista, cuya inclusión considera injustificada y tiene serias implicaciones económicas para la Isla.