Bernie Sanders, con su propuesta de “socialismo democrático” ha ocasionado un sintomático terror político y social en los estamentos tradicionales del poder de los EE.UU. Habla por los trabajadores, los hispanos, los pobres. Ofrece controlar a las grandes corporaciones. Denuncia la corrupción privada y ataca a Donald Trump.
Se asegura que su triunfo al interior del Partido Demócrata es inminente y con ello su ascenso a la Casa Blanca. Pero eso no parece fácil porque, con urgencia, las fuerzas de la derecha estadounidense con los grandes medios de comunicación en su apoyo, despiertan una cruzada de ataques, que busca liquidar el camino de Sanders.
Pero Sanders casi no ofrece algo “nuevo”. Las políticas sobre buenos salarios, respeto a derechos laborales, seguridad social y control al sector privado, gracias a un fuerte intervencionismo estatal, fueron inauguradas por Franklin D. Roosevelt (1933-1945) con el “New Deal”. Se avanzó así en la construcción de un capitalismo social, capaz de emular los logros de la URSS y hasta necesario incluso para contrarrestar su ascenso prestigioso en el mundo.
Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Alemania inició la construcción de la “economía social de mercado” que enseguida se generalizó en toda Europa. De hecho, Alemania no hizo más que recuperar el camino del “Estado de bienestar”, inaugurado con las políticas de seguridad social y beneficios colectivos, instauradas desde el Estado por el canciller Otto von Bismarck (1871-1890).
El lento camino del capitalismo social en los EE.UU. (si se lo compara con el ritmo que adquirió en Europa) fue abruptamente cortado por el gobierno de Ronald Reagan (1981-1989), quien provocó un giro total en la economía norteamericana, al vincularla con la ideología neoliberal, que rápidamente -y sobre todo a raíz del derrumbe del socialismo soviético- pasó a ser el referente de las burguesías de todo el mundo.
En América Latina, la vigencia del régimen oligárquico durante el siglo XIX-histórico impidió cualquier avance de políticas laborales y de seguridad social, porque, además, se impuso la realidad pre-capitalista de la región en la enorme mayoría de países. De modo que la necesidad de superar el régimen oligárquico, modernizar capitalistamente a los países -y responder al ascenso de las masas y de los primeros núcleos de trabajadores asalariados- inspiraron tempranas medidas de reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social, que incluso se adelantaron a las políticas del New Deal. Sin duda, influyeron los logros del socialismo, pero también la impactante Revolución Mexicana de 1910.
Al vincularla con la ideología neoliberal, el gobierno de Reagan (1981-1989) desencadenó un giro total en la economía norteamericana. El triunfo de Sanders dejaría sin piso histórico a los gobiernos conservadores y derechistas de América Latina.
Los esfuerzos por forjar Estados-sociales, o de capitalismo social, comparables con las economías sociales europeas, fueron reivindicados sobre todo por los “populismos” clásicos de la región: Lázaro Cárdenas en México (1934-1940), Getulio Vargas en Brasil (1934/1945; 1951/1954) o Juan Domingo Perón en Argentina (1946/1955-1973/1974). Pero esos avances fueron temporales.
Al iniciarse la década de 1980 si bien se contaba con avances en los derechos laborales, no se había logrado lo mismo con la seguridad social. El primer estudio sobre el tema pertenece a la CEPAL, en su informe “El desarrollo de la Seguridad Social en América Latina”, publicado en 1985 (https://bit.ly/2TfZIXx). La cobertura, en la mayoría de países, era inferior al 25% de la población económicamente activa (en Ecuador apenas del 15%).
Contrastaban dos sistemas: el plenamente “estatista” en Cuba, que cubría legalmente al 100% de la población, y el “privatista” de Chile. En general, en América Latina había sistemas de seguridad social estratificados, preferentes para trabajadores activos (quedaban fuera los informales, desocupados y trabajadores no cotizantes), con privilegio para ciertos estamentos (las fuerzas armadas y policías, por ejemplo, contaban con sus propios sistemas en todos los países); y las coberturas incluian accidentes de trabajo, enfermedades, maternidad, vejez, invalidez, pensiones jubilares.
Para la época ya se presentaban desequilibrios actuariales, por lo cual la Cepal consideraba que la seguridad social no podía sostenerse simplemente con los aportes basados en los salarios de los afiliados, sino que proponía “un impuesto progresivo sobre el ingreso (eximiendo al sector de más bajo ingreso) o un impuesto al valor agregado (eximiendo a los artículos de primera necesidad)”, y también: “establecer una carga mínima por el uso de los servicios médicos y medicinas, eximiendo al sector de más bajo ingreso”.
O, alternativamente, “también podrían establecerse niveles diversos de atención (sobre un nivel mínimo que sería gratuito) y fijar una escala de contribución del asegurado como se ha hecho en Chile”. Se recomendaba, como lo hicieron otras instituciones técnicas internacionales, unificar los subsistemas en uno solo; pero la presión política de los segmentos privilegiados siempre impidió un ordenamiento adecuado y eficaz.
El retorno del conservadurismo lesiona los derechos laborales y la seguridad social en la región, como lo testimonia la CEPAL en su informe publicado en 1985.
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