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Sin que mucha gente se entere, en nuestro país ha empezado una batalla legal por la propiedad, producción y comercio de las semillas. Es una de las primeras consecuencias de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE.UU.
El primer episodio finalizó cuando el Congreso de la República aprobó la ley 1518 de abril 23 de 2012 y el Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales, también llamado UPOV 1991. Esta norma se ocupa de los alcances de la propiedad intelectual de las semillas y tiene repercusiones muy grandes en la agricultura y la conservación de la biodiversidad.
Algunas organizaciones ambientalistas dicen que esta ley permite la privatización y el monopolio de las semillas, amenaza nuestra autonomía alimentaria y deja sin protección las semillas criollas.
El segundo episodio comenzó hace pocos días cuando el Ministerio del Medio Ambiente abrió una consulta pública para reglamentar el acceso a los recursos genéticos. El texto del proyecto fue publicado en el sitio web del Ministerio. Enseguida se encendió la polémica. Los apartes más sensibles todavía se encuentran en discusión con las comunidades indígenas, negras y otras minorías étnicas, como exige la ley.
Los que critican el proyecto sostienen que como está concebido protege las semillas manipuladas; dificulta la siembra, el uso y la multiplicación de las semillas criollas y estimula la utilización de semillas extranjeras; además, promueve la explotación y apropiación privada de los recursos naturales, atenta contra nuestro patrimonio genético y los usos y costumbres ancestrales. Igualmente penaliza y criminaliza la producción de semillas criollas si estas pueden confundirse con las patentadas.
¿Semillas patentadas? Para un pequeño agricultor esta parece una expresión sin sentido. No lo es. Al intervenir genéticamente una semilla, una gran compañía de biotecnología puede patentarla e introducirle variaciones como impedir su reproducción después de la cosecha. Esto obliga al cultivador a comprar nuevas semillas cada año.
La batalla legal por la propiedad de las semillas y su manipulación genética no es nueva. En México, Chile y Perú los cultivadores de abejas están protestando ante sus gobiernos por los perjuicios que han causado los grandes cultivadores de maíz transgénico en la producción de sus mieles, que ahora son rechazadas en los mercados europeos. Varios países de Europa negaron a la multinacional Monsanto el acceso a su territorio del maíz transgénico MON810 por sus efectos en la salud humana y por la devastación causada en la población de abejas contaminadas con su polen. China suspendió la venta de arroz transgénico.
No soy capaz de imaginar a un campesino chino sembrando semillas de arroz Monsanto. Tampoco, a un campesino de las montañas de Antioquia haciendo fila cada año en un almacén para comprar semillas de maíz transgénico.
Fuente: El Colombiano, 3 de junio de 2012
Lea en La Pluma:
Especial Semillas: No a las leyes de semillas porque la vida no se vende
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